Aprueban por unanimidad la “Ley Camila” en el Congreso de Guerrero
Alberto Gómez
Por unanimidad de votos, el Congreso de Guerrero aprobó la “Ley Camila”, una serie de modificaciones al Código Penal, con el que se fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes, aumentando las penas para quienes cometan delitos sexuales y priven ilegalmente de la libertad a menores.
Durante la segunda sesión de este miércoles, el pleno del Congreso local aprobó la iniciativa enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a unas horas de que se cumpla un año de la desaparición y asesinato de la niña Camila en Taxco de Alarcón.
El 27 de marzo de 2024, la menor de 8 años de edad salió de su casa con dirección al domicilio de su vecinita, a unos cuantos metros de dónde vivía Camila, pero ya no regresó y fue hallada asesinada, lo que provocó que una multitud de ciudadanos lincharan a la señora Ana Rosa y a sus hijos.
La dictamen fue presentado por la diputada Luissana Ramos Pineda, quien señaló que la iniciativa de reforma busca asegurar el acceso a la justicia y los servios de apoyo a las infancias y juventudes.
En la lectura de la fundamentación, la legisladora señaló que las reformas establecen penas de 12 a 40 años de prisión por violación equiparada, 12 a 17 años por abuso sexual, y de 4 a 10 años por hostigamiento y acoso sexual, con multas que van de 100 a 950 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación del daño.
En cuanto a la privación ilegal de la libertad, si esta excede las 24 horas, la pena se incrementará un mes por cada día adicional; si se utiliza violencia física o moral, o la víctima es mayor de 60 años o está en situación de vulnerabilidad, la pena será de 3 a 7 años y 6 meses de prisión, y si la víctima es menor de 18 años, la pena será de 4 a 10 años de prisión y una multa de hasta 500 días de la UMA.
Asimismo, se agravan las penas cuando la víctima pertenece a un pueblo indígena o afromexicano, y cuando el delito es cometido por servidores públicos, quienes serán destituidos e inhabilitados por un periodo igual al de la pena impuesta.