Presentan iniciativa para sancionar asentamientos en zonas de alto riesgo en Guerrero.
Alberto Gómez
Este miércoles fue presentada ante el Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformas al Código Penal del Estado y a la Ley 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Guerrero, con el objetivo de frenar la instalación de asentamientos en zonas de alto riesgo.
Desde tribuna, el legislador de Morena, Héctor Suárez Basurto, expuso que la iniciativa busca proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas, así como salvaguardar el equilibrio ecológico y prevenir desastres provocados por fenómenos naturales.
La propuesta plantea penas de tres a seis años de prisión y multas de 500 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para quienes construyan o se asienten en zonas clasificadas como de alto riesgo.
“El cambio climático está haciendo que los eventos meteorológicos sean más intensos, impredecibles y violentos. Un ejemplo claro fue lo ocurrido el pasado 26 de junio en Chilpancingo, cuando una fuerte lluvia provocó inundaciones, caída de árboles y arrastre de vehículos”, señaló el legislador.
Recordó que Guerrero ha sido golpeado en años recientes por fenómenos como los huracanes Paulina, Ingrid y Manuel, así como los más recientes: Otis en 2023, John en 2024 y Eric en 2025, este último de categoría 3 y con impacto temprano en la temporada.
Destacó que los asentamientos irregulares en zonas de barrancas, laderas y cauces de ríos son altamente vulnerables, carecen de servicios públicos y representan un riesgo permanente para sus habitantes.
Añadió que la falta de reserva territorial en ciudades como Chilpancingo y Acapulco, así como el cambio ilegal de uso de suelo, muchas veces con complicidad de servidores públicos corruptos, han propiciado esta problemática.
El legislador citó el Objetivo 11 de la Agenda 2030 de la ONU, que establece que los asentamientos humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. También hizo referencia a los marcos legales vigentes, como la Constitución mexicana y leyes estatales y federales en materia ambiental y de desarrollo urbano.
“A pesar del marco jurídico existente, el problema persiste. En los últimos 15 años han proliferado los asentamientos en zonas de riesgo, según datos del INEGI”, advirtió.
Subrayó que, aunque los programas de prevención impulsados por el gobierno estatal han dado resultados, no han logrado erradicar completamente esta práctica ilegal, lo que genera afectaciones sociales, económicas y de seguridad, además de requerir cuantiosos recursos públicos para atención de emergencias.
Finalmente, exhortó a sus compañeras y compañeros diputados a respaldar esta iniciativa que busca prevenir tragedias y garantizar un desarrollo urbano ordenado.
“Construyamos juntos un Guerrero más seguro y resiliente. No podemos seguir ignorando una realidad que pone en riesgo vidas humanas y compromete el futuro de nuestro estado”, concluyó.