Pedro Segura queda en libertad; juez desestima pruebas de la FGR en caso Ayotzinapa

Redacción

El empresario guerrerense y ex candidato a la gubernatura, Pedro Segura Valladares, recuperó su libertad tras permanecer más de una semana recluido en el penal del Altiplano.

Una juez federal resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar con pruebas sólidas su supuesta participación en la estructura criminal de Guerreros Unidos vinculada al caso Ayotzinapa.

La resolución fue emitida por la jueza Raquel Duarte Cedillo, titular del Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca, quien determinó que los testimonios presentados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) carecen de la contundencia jurídica necesaria para sostener los señalamientos.

Con ello, Segura abandonó el centro penitenciario de máxima seguridad la noche de este lunes, luego de haber sido detenido el pasado 12 de agosto.

Testimonios sin peso suficiente

De acuerdo con información difundida por el diario Reforma, la FGR basó su acusación en tres testigos clave: “Carla”, “Polo” y Ernesto Pineda Vega, quienes lo vincularon con operaciones de narcotráfico, secuestro y reuniones con líderes del grupo criminal, además de señalar que el hotel Vida en el Lago, propiedad del empresario, funcionaba como bodega y refugio de sicarios.

No obstante, la jueza consideró que los dichos no fueron corroborados con otros elementos de prueba. En consecuencia, desestimó la acusación por delincuencia organizada y ordenó la liberación inmediata.

Revés para la UEILCA

Este fallo representa el primer tropiezo para Mauricio Pazarán, recién nombrado fiscal especial para el caso, cercano al Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

La UEILCA aún tiene 10 días para presentar una apelación, la cual deberá ser revisada por un tribunal colegiado.

Lo que sigue

Aunque Segura Valladares quedó libre de manera provisional, el desenlace del caso aún dependerá de si la FGR logra fortalecer sus acusaciones o si la decisión judicial marca un precedente de mayor alcance en el expediente de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014.

Con información de periódico Reforma

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