Propone diputada tipificar como violación equiparada toda relación de adultos con menores de 18 años
Redacción
La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para que cualquier relación sexual entre una persona adulta y un menor de 18 años sea considerada como violación equiparada.
Durante la sesión de este martes, la legisladora expuso que, aunque existen disposiciones legales contra el matrimonio infantil, la cohabitación y las uniones forzadas, en muchas comunidades aún se entregan niñas y adolescentes a hombres adultos, impidiéndoles ejercer su autonomía y libertad sexual.
Señaló que, incluso sin mediar violencia física, estas son relaciones desiguales que colocan a las y los menores en una situación de vulnerabilidad.
Actualmente, el Código Penal contempla como violación equiparada los actos sexuales de adultos con menores de 15 años, lo que deja sin protección legal a adolescentes de entre 15 y 17 años.
“Esta omisión genera impunidad frente a conductas que constituyen abuso sexual encubierto, además de revictimizar a las adolescentes y favorecer la perpetuación de embarazos forzados, uniones tempranas y deserción escolar”, subrayó Mosso Hernández.
Agregó que las barreras sociales y culturales, así como los obstáculos de acceso a la justicia, dificultan las denuncias y el castigo a los responsables, pues en muchos casos se asume erróneamente que hubo consentimiento.
La propuesta busca reformar la fracción I del artículo 179 del Código Penal para ampliar el rango de edad de “menores de 15” a “menores de 18 años”. De acuerdo con la diputada, esto no limita el libre desarrollo de la personalidad, sino que garantiza la salud emocional y los derechos de adolescentes a decidir sobre su vida sexual sin ser víctimas de abuso.
“Se trata de armonizar la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales, prevenir el abuso disfrazado de consentimiento, reducir los embarazos adolescentes y disuadir las uniones tempranas”, sostuvo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso local para su análisis y dictaminación.