Desplazados de Leonardo Bravo reclaman cumplimiento de recomendación de la CNDH
Redacción
A siete años del desplazamiento forzado masivo ocurrido en el municipio de Leonardo Bravo, familias afectadas exigieron al gobierno estatal acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ordena su reubicación, medidas de seguridad y reparación integral del daño.
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Teodomira Rosales Sierra, encabezó este lunes una manifestación frente al Palacio de Gobierno, donde denunció la falta de avances en el cumplimiento de dicha recomendación, emitida hace dos años.
“Después de siete años, las familias siguen sin reubicación ni seguridad. No vemos acciones concretas por parte de las autoridades”, reprochó la activista, quien calificó este desplazamiento como “el más grande en la historia de Guerrero y de México”.
Rosales Sierra lamentó que la falta de respuesta oficial haya orillado a algunas familias a regresar a sus comunidades sin garantías mínimas de protección. “Muchas víctimas han perdido la vida en el intento de retornar; hay adultos con depresión y niños que no han podido continuar sus estudios. Quienes mueren lejos de su tierra deben ser sepultados en otros lugares”, expresó.
La defensora recordó que la recomendación de la CNDH incluyó a 171 familias, aunque aseguró que existen muchas más que quedaron fuera del registro oficial.
Denunció además que el gobierno ha promovido retornos sin condiciones seguras: “Las familias vuelven, pero enfrentan la misma violencia. Sus casas están saqueadas; deben empezar de nuevo si es que encuentran algo en pie”.
De acuerdo con el Centro Morelos, en 2024 se contabilizaron más de 26 mil familias desplazadas en el estado, mientras que las autoridades reconocen solo una fracción de esa cifra.
El desplazamiento de Leonardo Bravo se originó en octubre de 2018, cuando alrededor de mil 500 habitantes de nueve comunidades, entre ellas Campo de Aviación, El Naranjo, Filo de Caballos y Carrizal de Bravo, huyeron de sus hogares tras una serie de enfrentamientos entre grupos delictivos.
Inicialmente, las familias se refugiaron en la cabecera municipal de Chichihualco; con el tiempo, muchas se dispersaron por distintos municipios, otros estados e incluso emigraron a Estados Unidos, donde algunas han solicitado asilo político.