Ministros ya no usarán camionetas de lujo blindadas adquiridas recientemente
Redacción
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que los ministros no harán uso de las camionetas de alta gama recientemente adquiridas por el máximo tribunal, en respuesta a la polémica generada por la compra de estos vehículos.
Durante una conferencia de prensa, Aguilar explicó que, aunque la institución cuenta con lineamientos de seguridad que desde 2010 obligan a brindar protección especial a sus integrantes, se tomó la decisión de que los ministros prescindan de las unidades de lujo.
Sin embargo, aclaró que la adquisición de nuevos vehículos blindados respondió a la falta de unidades disponibles al momento en que la nueva integración de la Corte asumió funciones.
Detalló que, entre 2010 y 2025, el Poder Judicial compró un total de 43 vehículos blindados. No obstante, cuando el actual Pleno inició su periodo, solo se encontraron 39 unidades.
La ausencia de las cuatro restantes se debió a acuerdos aprobados por la anterior integración de la Corte, que permitieron a algunos exministros adquirir las camionetas que tenían asignadas como parte de su haber de retiro.
“Es importante aclarar que no hubo ningún robo. Existió un acuerdo formal del Pleno anterior que les permitió comprar esos vehículos”, subrayó Aguilar, quien añadió que las unidades retiradas eran las que se encontraban en mejores condiciones.
Ante los cuestionamientos, el ministro Arístides Guerrero, conocido como “el ministro chicharrón”, señaló que será necesario revisar quiénes fueron los beneficiarios de dichos acuerdos y transparentar la información.
Aguilar precisó que, al asumir funciones en septiembre pasado, la nueva Corte recibió 39 vehículos: 30 camionetas Suburban y nueve Jeep, correspondientes a modelos de 2019, 2020 y 2021. Para completar el parque vehicular y cumplir con los protocolos de seguridad, se autorizaron nueve unidades adicionales.
No obstante, estas nuevas camionetas Jeep Cherokee no serán utilizadas por los ministros. En su lugar, serán dadas de baja o reasignadas a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial que requieran protección por el tipo de labores que desempeñan.
Con esta decisión, la SCJN busca reducir el impacto de la controversia y reforzar la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a la seguridad institucional.