Violencia desplaza a 150 familias de una comunidad de la Montaña
Alberto Gómez
Al menos 150 familias de origen me’phaa abandonaron la comunidad de Huixtlatzala, en el municipio de Zapotitlán Tablas, ante la presión de grupos delictivos que operan en la región de la Montaña.
La situación fue constatada por el colectivo Luciérnaga de Tlapa durante el segundo día de la jornada de búsqueda de personas desaparecidas realizada este martes.
Al arribar a la localidad, las y los integrantes encontraron viviendas deshabitadas y calles en completo silencio, confirmando el desplazamiento forzado de la población indígena.
El acompañamiento legal y de derechos humanos estuvo a cargo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que informó que la caravana llegó por la mañana a la cabecera municipal para solicitar las facilidades necesarias.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero intervino para gestionar el acceso a la comunidad; sin embargo, no hubo autoridades municipales que atendieran formalmente la petición.
Elementos de la policía municipal advirtieron a los buscadores que la zona representaba un riesgo y que incluso ellos evitaban ingresar por motivos de seguridad. Tras varias horas de diálogo, la comitiva decidió avanzar hacia Huixtlatzala escoltada por una patrulla.
En el acceso al poblado, una reja cerrada y un grupo de supuestos policías comunitarios impidieron el paso inicial. Luego de intercambios tensos, el comisario permitió la entrada bajo condiciones específicas: realizar únicamente labores de búsqueda y colocación de fichas, sin cubrirse el rostro y siempre bajo supervisión comunitaria.
El panorama dentro del poblado evidenciaba abandono. Viviendas dañadas, terrenos cubiertos de hojarasca y la ausencia total de habitantes daban cuenta de la huida colectiva.
Durante un recorrido de aproximadamente un kilómetro en una zona cercana a una pequeña laguna, el grupo buscó indicios de fosas clandestinas o restos humanos. Solo hallaron vehículos desvalijados y uno con huellas de incendio.
Otros puntos señalados para inspección, como terrenos particulares y áreas cercadas, no pudieron ser revisados debido a la negativa de la autoridad local, quien argumentó que carecía de facultades para autorizar el ingreso. La misma restricción se aplicó en zonas de carrizales y bambúes.
La brigada logró colocar fichas de búsqueda en postes y espacios públicos, incluido el preescolar de la comunidad. Sin embargo, ante las limitaciones impuestas, la jornada tuvo que concluir antes de lo previsto.
En las acciones participaron también la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, así como corporaciones de seguridad estatal, ministerial, Guardia Nacional y Ejército.
El caso de Huixtlatzala se suma a otros episodios de violencia que han provocado el desplazamiento interno en la Montaña de Guerrero, donde comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares ante la falta de condiciones de seguridad.