Ordena juez federal al Ejército entregar archivos completos de inteligencia sobre Ayotzinapa
Redacción
El Poder Judicial de la Federación instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionar la totalidad de los documentos de inteligencia generados en 2014 en torno al caso Ayotzinapa, incluidos 853 folios que hasta ahora no han sido entregados.
La determinación fue emitida el pasado 19 de febrero por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 1350/2023, promovido por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La sentencia ordena al Ejército Mexicano facilitar los archivos producidos durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras áreas de inteligencia castrense. El fallo señala que existe un faltante aproximado de 853 folios correspondientes a ese año.
De acuerdo con la resolución judicial, la falta de continuidad en la numeración de los documentos no acredita su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares. Por ello, el juzgado estableció que debe entregarse íntegramente para garantizar el derecho a la verdad y una búsqueda efectiva.
El recurso legal fue interpuesto en agosto de 2023, tras señalar la omisión de las autoridades militares en la entrega total de reportes de inteligencia, pese al Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias sostuvieron que la existencia de la documentación fue confirmada en el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se dio cuenta de comunicaciones internas elaboradas por el CFRI en 2014 sobre el seguimiento a los normalistas antes, durante y después de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sin embargo, los archivos entregados presentaban vacíos que evidenciaban documentación faltante.
Ante la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), las familias recurrieron a la vía judicial para exigir la información. La investigación, señalaron, se estancó por la falta de voluntad para enfrentar la opacidad de las fuerzas armadas.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió previamente que el avance del caso se ha visto ralentizado por la negativa de Sedena a entregar documentación clave, subrayando que el litigio pudo evitarse con cooperación plena de las autoridades.
El fallo también establece que los documentos requeridos no pueden clasificarse como confidenciales o reservados, dado el interés superior de las víctimas y de la sociedad en conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Cabe recordar que, dentro del mismo proceso, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, alterar u ocultar cualquier información vinculada con el caso.
A más de once años de la desaparición de los 43 estudiantes, el expediente continúa sin resolverse. Las madres y padres mantienen acciones legales en instancias nacionales e internacionales para superar los obstáculos que persisten y obtener acceso completo a la información que podría contribuir a esclarecer el paradero de sus hijos.