Familias buscadoras acusan intento de “reducir” cifra de desaparecidos en informe federal
Redacción
Colectivos y familiares de personas desaparecidas en México emitieron un pronunciamiento público para rechazar el más reciente informe presentado por el Gobierno Federal el viernes 27 de marzo, al considerar que minimiza la magnitud real de la crisis en el país.
En el documento, las familias denunciaron que la cifra oficial de 43,128 personas desaparecidas representa un intento de “rasurar” el padrón, cuando, afirman, la cifra real supera las 133 mil personas, de acuerdo con registros previamente reconocidos por el propio Estado.
“Reducir la crisis a menos de una tercera parte no es un avance, es un retroceso. Es una segunda desaparición”, señalaron.
Los colectivos cuestionaron la metodología utilizada en la actualización del registro, al sostener que fue construida sin la participación de las familias y condicionada a la existencia de denuncias formales. Explicaron que el miedo, la desconfianza en las autoridades y la posible implicación de funcionarios en algunos casos inhiben la denuncia ante fiscalías.
En ese sentido, advirtieron que el propio informe reconoce la existencia de apenas 3,869 carpetas de investigación, lo que, dijeron, evidencia los obstáculos estructurales para acceder a la justicia.
Asimismo, expresaron preocupación por más de 46 mil registros clasificados como “datos insuficientes”, sin que se hayan anunciado acciones concretas para su aclaración o para activar mecanismos de búsqueda.
Las familias también rechazaron la narrativa oficial que asegura que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, al considerar que carece de transparencia y estigmatiza a las víctimas. Subrayaron que, en muchos casos, son ellas mismas quienes realizan las búsquedas y localizan a sus seres queridos.
“El Estado busca deslindarse de su responsabilidad, ignorando que la inseguridad, la corrupción y la impunidad alimentan esta crisis”, indicaron.
En el pronunciamiento, acusaron además falta de transparencia y exclusión en la toma de decisiones, al señalar que han sido convocadas únicamente a reuniones informativas de última hora, sin posibilidad de incidir en el proceso.
Ante este panorama, reiteraron que “no quieren más conteos”, sino acciones efectivas de búsqueda, investigación y sanción a los responsables.
Entre sus principales exigencias, destacaron la necesidad de una metodología pública y abierta para la construcción de cifras, garantizar la búsqueda de todas las personas desaparecidas sin condicionarla a denuncias formales, y establecer mesas de trabajo permanentes con participación real de las familias.
El posicionamiento fue respaldado por decenas de colectivos y familiares de distintas entidades del país, quienes reiteraron su consigna: “Hasta encontrarles”.