Ayotzinapa: 12 años de búsqueda y una deuda que permanece abierta
Jonathan Martínez
Este 26 de septiembre se cumplen 12 años del ataque y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurridos durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Doce años después, las familias continúan sin conocer el paradero de sus hijos. La investigación ha atravesado tres gobiernos federales, distintas fiscalías, comisiones especiales y múltiples líneas de investigación, pero ninguno de los 43 jóvenes ha sido localizado.
El paso del tiempo también ha cobrado factura entre quienes iniciaron la búsqueda. Ocho madres y padres de los normalistas han muerto sin conocer el destino de sus hijos: seis padres y dos madres, de acuerdo con recuentos publicados con motivo del aniversario.
Entre ellos se encuentran Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez Bello; Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Santos; Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario; Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, y Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo.
La exigencia de las familias, sin embargo, permanece: conocer qué ocurrió con los estudiantes, localizar su paradero y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
El caso Ayotzinapa estuvo inicialmente marcado por la llamada “verdad histórica”, presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero posteriormente esa versión fue cuestionada por nuevas investigaciones, peritajes y organismos nacionales e internacionales.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) estableció nuevas líneas de investigación y señaló la existencia de elementos que apuntaban a la participación de distintos actores, entre ellos integrantes de Guerreros Unidos y autoridades de diferentes niveles.
En investigaciones posteriores también fueron identificados restos de tres estudiantes mediante análisis genéticos, aunque el paradero de los otros 40 continúa sin esclarecerse.
Uno de los principales pendientes para las familias continúa siendo el acceso a información militar. En marzo de este año, un juzgado ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información generada en 2014 por estructuras de inteligencia militar, ante la existencia de una brecha de aproximadamente 853 folios que no habían sido entregados.
A lo largo de estos 12 años, decenas de personas han sido detenidas o procesadas por distintas conductas relacionadas con el caso.
Entre los implicados se encuentran integrantes de Guerreros Unidos, policías y servidores públicos, así como elementos del Ejército.
Uno de los casos relevantes es el del capitán José Martínez Crespo, quien permanece preso y enfrenta acusaciones relacionadas con desaparición forzada. Fue el primer militar detenido por el caso y su situación jurídica ha continuado siendo materia de recursos judiciales.
También fue detenido el general José Rodríguez Pérez, quien estuvo al frente del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante los hechos, además de otros militares señalados dentro de las investigaciones. En junio de 2026 fue localizado en Estados Unidos el exmilitar Enrique Martínez Chávez, quien tenía una orden de aprehensión en México relacionada con el caso.
En el ámbito civil, permanece bajo prisión preventiva Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como integrante de Guerreros Unidos y acusado de desaparición forzada en relación con los normalistas.
Otro de los procesos que ha llamado la atención es el de la exmagistrada Lambertina Galeana Marín, detenida en mayo de 2025 y señalada por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la investigación de la desaparición.
En agosto de 2026, además, fue detenido el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, quien posteriormente fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada, bajo la hipótesis de haber ocultado información relevante relacionada con el caso. La FGR sostiene que existen elementos que apuntan al ocultamiento de videos de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Aguirre, sin embargo, ha rechazado las acusaciones.
La situación jurídica de todas las personas mencionadas debe entenderse bajo el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
A pesar de las detenciones, todavía existen personas buscadas por las autoridades.
Uno de los nombres centrales es Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, contra quien existe una orden de aprehensión por delitos relacionados con el caso.
Zerón permanece en Israel y el gobierno mexicano ha solicitado su extradición; la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el procedimiento se encuentra pendiente desde hace varios años.
También permanece fuera de México José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de barandilla en Iguala la noche de los hechos y se encuentra en Estados Unidos después de solicitar asilo político. Las familias han exigido su regreso para que enfrente las investigaciones correspondientes.
La existencia de personas detenidas, procesadas o buscadas contrasta con una de las preguntas fundamentales que continúa sin respuesta después de 12 años: ¿dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
El aniversario llega con nuevas detenciones y líneas de investigación, pero también con una generación de madres y padres que envejeció mientras buscaba a sus hijos y con ocho familias que perdieron a sus principales integrantes sin recibir una respuesta definitiva.
Las movilizaciones de los familiares y estudiantes de Ayotzinapa continúan. Su demanda central no ha cambiado desde aquella primera noche: verdad, justicia y la localización de los 43 jóvenes.
Doce años después, el caso Ayotzinapa permanece abierto y la ausencia de los estudiantes continúa siendo una de las heridas más profundas de la historia reciente de México.