Plan B electoral obligaría al Congreso de Guerrero a modificar su gasto
Joaquín Badillo señala que la reducción de recursos impactaría en la operación legislativa y obligaría a revisar pagos y prestaciones
Jonathan Martínez
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla, informó que será necesaria una revisión de los gastos administrativos y de los compromisos laborales en el poder legislativo ante el recorte de recursos previsto en el Plan B electoral, cuya aplicación implicaría una disminución cercana a los 270 millones de pesos.
Badillo Escamilla explicó que, aunque el presupuesto asignado al Poder Legislativo asciende aproximadamente a mil 80 millones de pesos, una parte considerable no está destinada directamente a las actividades de los diputados, sino a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Precisó que este órgano fiscalizador recibe alrededor de 300 millones de pesos y maneja su presupuesto de manera autónoma, por lo que los recursos disponibles para el funcionamiento del Congreso se ubican en unos 780 millones de pesos.
Frente a la disminución contemplada en la reforma, Badillo Escamilla indicó que será necesario analizar las partidas que integran el gasto corriente y determinar cómo ajustar las erogaciones sin perder de vista las obligaciones de la institución.
Entre los rubros que tendrían que someterse a revisión mencionó los salarios del personal de confianza, las prestaciones, los trabajadores sindicalizados y los asesores que colaboran en las distintas áreas legislativas.
El diputado expuso que tan solo el pago de la nómina representa una erogación aproximada de nueve millones de pesos cada quince días, una de las obligaciones financieras que el Congreso deberá considerar al reorganizar sus recursos.
Asimismo, señaló que las disposiciones del Plan B también tendrán repercusiones en el ámbito municipal, debido a que los ayuntamientos deberán adecuarse a las nuevas reglas relacionadas con su integración y funcionamiento.
La reforma electoral aprobada en abril establece una disminución de 0.7 por ciento en los presupuestos de los congresos locales, además de plantear la reducción del número de ediles en los gobiernos municipales.
De concretarse los ajustes, el Poder Legislativo de Guerrero tendrá que reorganizar sus finanzas para responder a las nuevas disposiciones y mantener el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales con un presupuesto menor.