Ganaderos de Zihuatanejo denuncian cobros de cuota para vender sus reses
Habitantes de San Ignacio y Puertecito aseguran que un presunto grupo criminal controla la comercialización de ganado
Jonathan Martínez
La venta de ganado se ha convertido en un problema para habitantes de las comunidades de San Ignacio y Puertecito, en el municipio de Zihuatanejo, debido a que, según denunciaron, deben entregar dinero a un grupo delictivo para poder comercializar sus animales.
Los pobladores explicaron que muchas familias dependen económicamente de la actividad ganadera y que, cuando necesitan vender una res para obtener recursos, se enfrentan a un supuesto esquema de cobro impuesto por quienes mantienen el control de la región.
En sus declaraciones, los habitantes también hicieron referencia a la presencia que durante años tuvo en esas localidades un grupo al que identificaron como Los Gallardo, encabezado, según sus versiones, por Crecencio Castañeda y Julián Gallardo.
Afirmaron que en aquel entonces existía una convivencia entre algunos pobladores y miembros de esa organización, al grado de que, de acuerdo con sus testimonios, eran recibidos en viviendas particulares y se les proporcionaban alimentos.
Los denunciantes señalaron que esa situación cambió después de que otro grupo, cuya identidad dijeron desconocer, ingresó a la zona y provocó la salida de quienes anteriormente tenían presencia en las comunidades.
“Los metían a sus hogares, nadie los amenazó”, expresaron los habitantes, quienes cuestionaron que actualmente algunas personas nieguen la relación que, según ellos, existía con integrantes de grupos criminales.
Sobre la problemática actual, los pobladores mencionaron a un hombre identificado como Pablo Cruz, a quien atribuyeron la función de cobrar el dinero exigido a los ganaderos cuando concretan la venta de sus reses.
Según los testimonios, las cuotas serían entregadas posteriormente al grupo que presuntamente controla la zona.
Los habitantes también acusaron que la operación de este grupo tendría respaldo de algunas autoridades, por lo que demandaron que se investiguen tanto los cobros como la presunta participación de funcionarios en la protección de quienes mantienen bajo control las actividades económicas de las comunidades.
Los pobladores insistieron en que su principal preocupación es poder disponer libremente de su ganado y obtener los ingresos derivados de su trabajo sin verse obligados a pagar cuotas.