Era de la CRAC-PC-PF, el hombre hallado decapitado en carretera de Chilapa
La víctima fue identificada como Juan Francisco Chino Díaz, quien había salido el jueves del municipio de Chilapa de Álvarez con dirección a su comunidad, pero durante el trayecto habría sido interceptado por hombres armados
Jonathan Martínez
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), junto con autoridades municipales de 11 comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Alcozacán, exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal esclarecer el asesinato de Juan Francisco Chino Díaz.
A través de un pronunciamiento, las autoridades comunitarias señalaron que el hombre fue localizado sin vida el viernes, aproximadamente a 200 metros de la comunidad de Xicojtlán, donde se encuentra instalada una base de seguridad del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
De acuerdo con el comunicado, Juan Francisco Chino Díaz había salido el jueves del municipio de Chilapa de Álvarez con dirección a su comunidad, pero durante el trayecto habría sido interceptado por hombres armados.
Las autoridades comunitarias afirmaron que un testigo presencial identificó a los presuntos responsables como integrantes del grupo criminal conocido como Los Ardillos, aunque indicaron que por razones de seguridad no revelarán su identidad.
La CRAC-PC-PF cuestionó que, pese a la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal en la zona, continúen registrándose hechos violentos contra habitantes de las comunidades, particularmente cuando tienen que trasladarse a Chilapa para realizar compras o recibir atención médica.
Ante esta situación, exigieron al Gobierno Federal intervenir para frenar la violencia y detener a quienes sean responsables de los ataques, además de investigar a los principales dirigentes que, según sus señalamientos, estarían relacionados con dicho grupo criminal.
Asimismo, solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que las autoridades estatales no han logrado garantizar la seguridad de los habitantes de las comunidades.
Las autoridades comunitarias también denunciaron que, mientras reclaman acciones contra los responsables de los homicidios, integrantes de sus comunidades enfrentan órdenes de aprehensión y carpetas de investigación.
“En lugar de detener a los criminales, abren carpetas de investigación en contra de nosotros”, señalaron en su pronunciamiento.
La CRAC-PC-PF pidió que las investigaciones se realicen de manera imparcial y que se garantice el derecho a la vida y a la seguridad de los habitantes, al tiempo que demandó resultados concretos ante las denuncias que, aseguraron, han presentado durante años sobre la presencia y actuación de grupos criminales en la región.
Finalmente, las autoridades comunitarias hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para que atiendan la problemática de inseguridad y eviten que continúen los homicidios y agresiones contra habitantes de las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero.