Desde el penal del Altiplano, Jesús Plácido Galindo pide a Sheinbaum justicia y su libertad inmediata
El promotor indígena de la CRAC-PC-Pueblos Fundadores asegura que fue encarcelado por denunciar la violencia y presuntos vínculos de autoridades con grupos del crimen organizado; afirma que es víctima de una acusación fabricada
Jonathan Martínez
Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, Jesús Plácido Galindo, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), dirigió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir justicia y su libertad inmediata, al asegurar que es víctima de una persecución por su labor como defensor de los pueblos originarios de Guerrero.
En una carta escrita de su puño y letra y difundida por integrantes de su organización, el activista mixteco, originario de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, sostuvo que su detención, ocurrida el 17 de julio de 2026 en la localidad de Monte Alto, municipio de San Marcos, responde a las denuncias que ha realizado sobre la violencia, la inseguridad y la presunta complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos del crimen organizado.
Plácido Galindo, quien enfrenta una acusación por homicidio, rechazó los señalamientos y afirmó que no ha cometido ningún delito. Se identificó como campesino, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), defensor de los derechos humanos y del territorio, además de delegado del Congreso Nacional Indígena.
En el documento dirigido también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Congreso de la Unión y organizaciones sociales, denunció que en Guerrero quienes alzan la voz para señalar las agresiones contra las comunidades indígenas terminan encarcelados o desaparecidos.
Como parte de su denuncia, señaló que integrantes de su organización han sido víctimas de la violencia, con un saldo que, de acuerdo con sus cifras, asciende a 86 personas asesinadas y 26 desaparecidas.
El activista sostuvo que durante años ha acompañado a comunidades indígenas en la gestión de obras y servicios, entre ellos caminos, carreteras, agua potable, escuelas, ambulancias y proyectos productivos, además de participar en acciones contra las adicciones y en la defensa de los pobladores que enfrentan amenazas de desplazamiento por parte de grupos criminales.
También acusó al subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, de haberlo amenazado con encarcelarlo si continuaba realizando manifestaciones y denunciando las condiciones de inseguridad en las comunidades guerrerenses.
Recordó que el 21 de octubre tuvo un encuentro con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien expuso la falta de obras en los pueblos indígenas, así como los asesinatos y desapariciones de integrantes de su organización.
En su carta, Plácido Galindo argumentó que contaba con medidas de protección otorgadas por el Estado mexicano desde 2020, entre ellas un botón de pánico y un teléfono satelital, además de que, aseguró, frecuentemente estaba acompañado por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Federal.
Por ello, cuestionó cómo podría haber cometido el homicidio que se le atribuye cuando se encontraba bajo esas condiciones de protección.
Asimismo, expresó su preocupación por la situación de su compañero Sixto Mendoza Limpia, promotor del CIPOG-EZ, quien también permanece privado de la libertad en el penal de Chilpancingo y a quien consideró injustamente encarcelado.
El defensor indígena también se refirió al video difundido internacionalmente en el que madres indígenas de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, solicitaron apoyo al gobierno de Estados Unidos ante el temor de ser desplazadas por la violencia.
Aunque reconoció que las mujeres pertenecen a su organización, aclaró que no comparte la acción emprendida y reiteró su confianza en que el gobierno de Claudia Sheinbaum atenderá las demandas de los pueblos originarios.
Finalmente, hizo un llamado a periodistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, artistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena y organizaciones nacionales e internacionales para que acompañen su exigencia de justicia y no permitan que su caso quede en el abandono.
“Soy un promotor de comunidades y del pueblo de Guerrero, no un asesino, soy un defensor de los derechos humanos y de la madre tierra y el territorio”, expresó en el escrito.