Comunidades indigenas de Chilapa denuncian criminalización de su movimiento
Doce comunidades se reúnen en Alcozacán; xigen la liberación inmediata del líder del CIPOG-EZ.
Pablo Maldonado
Autoridades comunitarias, comisarios y habitantes de 12 comunidades indígenas del municipio de Chilapa realizaron una asamblea regional en la comunidad de Alcozacán, donde exigieron la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y denunciaron una presunta campaña de criminalización contra los pueblos indígenas organizados.
En la reunión, celebrada en la cancha techada de la colonia Los Pinos de Alcozacán, participaron alrededor de 500 personas, además de integrantes del CIPOG-EZ y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Durante el encuentro, los asistentes acusaron al grupo delictivo Los Ardillos de intentar despojarlos de sus territorios y recursos naturales, señalando además un presunto contubernio con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en un pronunciamiento público responsabilizaron a esa organización criminal de los ataques cometidos contra comunidades indígenas entre 2015 y 2026, los cuales, afirmaron, han dejado decenas de personas asesinadas, cientos de desplazados y cuantiosos daños materiales.
Los participantes hicieron especial énfasis en la exigencia de liberar a Jesús Plácido Galindo, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano, acusado de haber orquestado el homicidio del comisario de la comunidad de Xicotlán.
Al mismo tiempo integrantes de la CRAC-PF sostuvieron que los gobiernos federal y estatal buscan criminalizar a las autoridades comunitarias, por lo que demandaron la cancelación de las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que consideran fabricadas en contra de sus representantes.
Entre sus exigencias también solicitaron el reconocimiento oficial de la Policía Comunitaria, al señalar que brinda seguridad a las familias de la región conforme a la Constitución y a la Ley 701 del Estado de Guerrero, aseguraron que su actuación se limita a la defensa de las comunidades, el territorio y los recursos naturales, además de pedir garantías para el retorno de las familias desplazadas por la violencia.
La asamblea se realizó con la presencia de un importante número de policías comunitarios armados, en ese contexto, Sixto Mendoza, promotor del CIPOG-EZ, afirmó que las comunidades han sido víctimas de ataques del grupo Los Ardillos entre el 6 y el 11 de mayo pasado y rechazó las acusaciones en su contra, al asegurar que la organización únicamente se defiende de quienes buscan despojarlos de sus tierras, propiedades y recursos naturales.
Las comunidades que participaron en la asamblea son Comunidades Alcozacán, Zacapezco, Rincón de Chautla, Nuevo Amanecer, Xochitempa, Acahuehuetlan, Tula, Xicotlan, Ayahualtempa, Amatitlan, Los Pinos y Tierra Blanca.
Finalmente, los asistentes demandaron la reconstrucción de viviendas afectadas por la violencia, así como la ejecución de obras sociales previamente comprometidas por las autoridades, entre ellas la construcción de un hospital, un Banco del Bienestar, escuelas, clínicas e infraestructura para la región.
Los integrantes de la CRAC-PF y del CIPOG-EZ reiteraron que continuarán con su lucha por la defensa del territorio, la seguridad y los derechos de los pueblos indígenas, al tiempo que solicitaron el respaldo de organizaciones de derechos humanos, del Congreso Nacional Indígena, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.