Dictan prisión preventiva al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; audiencia de vinculación será la próxima semana

Redacción

El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa luego de que un juez de control determinara que no existen, por ahora, condiciones legales para sustituir esa medida por el resguardo domiciliario solicitado por su defensa.

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Federal ubicado en las inmediaciones del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente las acusaciones en contra del exmandatario.

La diligencia se prolongó por más de seis horas. En ella, los fiscales señalaron a Aguirre Rivero como presunto responsable de desaparición forzada y obstrucción de la justicia, en relación con los hechos ocurridos en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

La defensa argumentó que, debido a la edad y las condiciones de salud del exgobernador, la prisión preventiva debía cumplirse en su domicilio. Sin embargo, el juez consideró que no se acreditaban los requisitos previstos por la legislación para conceder esa excepción.

Aguirre Rivero llegó al Centro de Justicia Federal en silla de ruedas. Durante la audiencia manifestó que su estado físico se había deteriorado después de su captura, ocurrida la mañana del jueves sobre la carretera México-Querétaro.

El exmandatario, quien padece hipertensión, relató que durante su primera noche detenido presentó malestares y que incluso antes de iniciar la audiencia tuvo que ser revisado por un médico del centro penitenciario.

Señalan presunta destrucción de videos
Como parte de la imputación, la FGR expuso que Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir elementos relacionados con lo sucedido durante la noche en que desaparecieron los normalistas.

La acusación incluye testimonios de dos mujeres identificadas como Blanca “N”, quien se desempeñó como visitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina “N”, entonces presidenta del Poder Judicial estatal.

De acuerdo con los testimonios presentados por la Fiscalía, el entonces gobernador habría recibido material de videovigilancia correspondiente a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala y posteriormente habría instruido a funcionarios de su administración para impedir que esa evidencia fuera preservada.

Una de las declarantes afirmó que el 29 de septiembre de 2014 entregó a Aguirre Rivero un disco con las grabaciones. Según su versión, al día siguiente el mandatario convocó a colaboradores cercanos, entre ellos al entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, para abordar la información y disponer de su ocultamiento o destrucción.

Durante la exposición de la Fiscalía, el exgobernador permaneció atento, aunque mostró en distintos momentos su desacuerdo con los señalamientos, moviendo la cabeza en señal de negación e incluso sonriendo ante algunos de los planteamientos.

Aunque inicialmente decidió reservarse su derecho a declarar, al cierre de la audiencia tomó la palabra para expresar su pesar por la desaparición de los estudiantes y sostener que siempre ha colaborado con las investigaciones.
“Yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”, afirmó ante el juez.

Próxima audiencia, el 11 de agosto

El proceso continuará el próximo martes 11 de agosto, cuando se reanude la audiencia. El juez contará hasta las 20:00 horas del miércoles 12 para resolver si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Aguirre Rivero por los delitos que le atribuye la FGR.

El exgobernador fue detenido el jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el municipio mexiquense de Tepotzotlán, después de ser localizado mientras circulaba por la carretera México-Querétaro.

Posteriormente fue trasladado y puesto a disposición del juzgado segundo de distrito con sede en el Altiplano, donde permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial.

Información de La Jornada